Justin Bieber es un imán para los problemas. Por más que él quiera promover su nueva imagen de “niño bueno” y prometa públicamente cambiar su comportamiento, a esta estrella del pop si algo le sobra, además de dinero, son escándalos. El último le cogió por sorpresa en Roma.
El cantante se desplazó a la ciudad eterna para grabar un vídeo musical y para participar en el rodaje de Zoolander2. Todo marchaba normal hasta que supuestamente unos agentes de la policía italiana le notificaron al artista canadiense que tiene una orden de arresto internacional emitida por la justicia argentina por la supuesta agresión a un fotógrafo. Algo que el intérprete de Baby, asegura en su perfil de Twitter —con más de 63 millones de seguidores —que no son más que “rumores”. “Todo bien. Disfrutando de Italia y agradecido con todas las personas. Gracias. Deliciosa comida”, escribió.
La noticia de la supuesta notificación por parte de loscarabinieri a Bieber fue desvelada por dos grandes periódicos italianos, La Repubblica y Corriere della Sera. Sin embargo, la agencia de noticias AFP asegura que aunque la policía negó que el artista hubiera sido arrestado no quisieron hacer declaraciones acerca de si fue o no interrogado.
La Repubblica señaló que Bieber estará sometido a una vigilancia especial durante su estancia en la capital italiana. Según se dio a conocer Bieber, de 21 años, y sus colaboradores, Hugo Alcides Hesny y Terrence Reche Smalls, fueron denunciados por una serie de incidentes registrados el 9 de noviembre de 2013 en la discoteca Ink, en Palermo, Buenos Aires. Entre otras cosas, se les acusa de agredir a un fotógrafo y de quedarse con su cámara y, además, de marcharse del local sin pagar lo que habían consumido.
Supuestamente, los guardaespaldas de Bieber y el mismo cantante le pegaron al fotógrafo Diego Pesoa y además le arrebataron su cámara y teléfono móvil. Pero no fue hasta noviembre pasado, un año después del incidente, que un juez solicitó a la Interpol (policía internacional) que notificara a la estrella del pop y a sus acompañantes el requerimiento a declarar en un plazo de 60 días, bajo amenaza de pedir su captura.
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